En el
ejercicio de la función pública, la ignorancia es corrupción…
La
anterior expresión, proferida durante una de sus últimas
intervenciones en la Asamblea Nacional, por el ya casi olvidado
camarada Dr. Carlos Escarrá Malavé, estuvo dirigida a un diputado
oposicionista, que arremetía bestial e infundadamente (redundante,
habiéndose aclarado que provenía de un miembro de la oposición),
contra Diosdado Cabello.
Tan
brillante elaboración del Dr. Escarrá, viene a colación, por la
relevancia que en los actuales momentos cobra el tema de la
corrupción, al punto que a solicitud de nuestro Presidente Nicolás
Maduro, se ha encargado al recientemente constituido Consejo de
Estado, formular y recomendar políticas públicas, sobre una materia
que el Presidente Maduro, no solo que considera estratégica, sino
que lo es para el desarrollo nacional.
Tal
decisión, lleva en sí misma un doble acto de valentía, por parte
de nuestro Presidente: de un lado entiende que la corrupción es la
negación misma de la revolución, por más que se vistan de rojo,
quienes incurren o toleran tales actos y por el otro, entiende
además, que dentro de la revolución existen “cotos cerrados” (a
los cuales hizo referencia el Comandante Presidente Chávez, en su
discurso que hoy conocemos como Golpe de Timón), que directa o
indirectamente, mueven los hilos de inmensas e intensas redes en las
que se manifiesta el poder político y/o el poder económico, y que
por su omisión o complacencia, han permitido el renacimiento o
fortalecimiento del fenómeno de la corrupción, todo ello, en nombre
de la revolución. Por tal razón, quizás el Presidente Maduro, ha
preferido activar un mecanismo constitucional, imparcial, calificado
y comprometido con la revolución, que crear o ampliar la cobertura
de alguno de los “cotos cerrados”, existentes. Misión difícil,
pero no imposible, por tanto resultará la que se ha encomendado al
Consejo de Estado, que requerirá del tiempo necesario y de la ayuda
de todos cuanto creen, que la revolución es más que un modo de
financiarse la dolce vita.
Dos
orientaciones propongo, entre cualquieras otras que pudieren
pensarse, en el análisis del tema, ambas asociadas al origen o
causas del fenómeno de la corrupción, a saber: (i) Elevado
deterioro o negación de los valores y principios éticos y
revolucionarios, que distorsiona el concepto de lo que es público y
(ii) El exceso de oportunidades de cometer el acto ilícito, debido
a la ausente, tolerante, indebida o inoportuna aplicación de los
controles y procedimientos creados para impedirla.
Por lo
que respecta al deterioro de los valores ( independiente de que el
fenómeno de la corrupción no se ha masificado en la totalidad de la
administración),el fenómeno se nos presenta bajo la modalidad de la
inversión de estos: se pretende hacer creer que lo público, no es
lo que es de todos, sino lo que no es de nadie ; se pretende hacer
creer que la solidaridad, no debe extenderse más que al corrupto y
su entorno íntimo y el de sus secuaces, también se pretende
hacernos creer que socialismo es facilismo y oportunidades iguales
para que todos se corrompan. La lucha es entonces contra valores
intrínsecos del capitalismo: la negación del bienestar colectivo y
la supremacía del egoísmo y el consumismo. Por tanto, la lucha es
ideológica, ergo, la construcción del hombre formado para vivir en
una sociedad socialista, es la fase iniciada pero interminable, que
dará garantía de la erradicación del fenómeno de la corrupción,
o al menos, su manifestación en mínima escala. Pero, mientras
formamos ese hombre nuevo, apto para vivir en la sociedad socialista
que nos hemos comprometido construir, ¿Qué podemos o debemos hacer
ahora?. Solo un muy pequeño porcentaje, en mi modesta opinión, de
los problemas, desajustes y calamidades que genera el capitalismo,
podrían ser superados sin la participación (real y efectiva) del
pueblo. Tanto más si se trata del fenómeno de la corrupción, en
que nada más y nada menos, los bienes y recursos destinados al
bienestar del pueblo (a su máxima felicidad, decimos hoy), son
desviados o indebidamente apropiados, por algunos de aquellos, cuya
misión era precisamente hacerlos llegar, en la cantidad, calidad y
oportunidad, a su único dueño: el pueblo !!. Urge entonces, la
necesidad de establecer mecanismos (que contrariamente a lo que
sucedía en el pasado, en que solo los denunciantes terminaban siendo
los perseguidos), que garanticen un mínimo cauce a la denuncia de
todo acto que menoscabe o desconozca el bienestar del pueblo, pues
detrás de cada uno de tales actos, siempre se encontrará un caso de
corrupción o de evidente perdida de la eficiencia-eficacia, que se
exige de la función o gestión pública. Demostrada, como parece
estar, la no necesidad de transferencia formal de competencias de
órganos y entes públicos, al pueblo organizado, lo menos que queda
es esperar un camino, donde la denuncia contra la corrupción, pueda
surtir efectos.
En
relación a la ausente, indebida o inoportuna aplicación de los
controles y procedimientos creados para impedir la corrupción, que
la multiplica (en muchos casos, deliberadamente), la respuesta está
más del lado de las instituciones que conforman el Estado, que del
pueblo organizado. El contrasentido, de haberse multiplicado por 10
en los últimos 20 años, las disposiciones legales destinadas a
perseguir y sancionar las diferentes modalidades con que se presenta
la corrupción, con la inconmensurable cantidad de recursos que se
han quedado en manos de funcionarios o mafias de funcionarios o
personal al servicio de la administración o de sus contratistas o
proveedores, está aún lejos de resolverse. Tal contrasentido,
constituye el más perfecto y mortífero caso de realimentación (lo
que los especialistas denominan feedback) en nuestro país: existen
los suficientes medios legales para perseguir y castigar la
corrupción, pero los mecanismos de control diseñados o que deberían
diseñarse para detectarla y posteriormente castigarla, no se aplican
o se aplican tardíamente, lo cual genera el fenómeno de la
impunidad, que a su vez alienta a los mismos o nuevos corruptos, a
incursionar en el mundo de la apropiación de los recursos del
pueblo.
El
tratamiento de este caso, pasa necesariamente por reentender, más
que redefinir lo que es la gestión pública, que en la práctica,
parece haberse convertido en una gestión secreta. Las siguientes
preguntas, podrían dar cuenta de ello: ¿Cuántos y cuales proyectos
u obras, nuevos o mejoras sobre los servicios existentes, están
previstos en el presupuesto 2013, de Ministerios, Gobernación y
Alcaldía, para las comunidades de Cúpira, en el estado Miranda, o
de cualquier otro pueblo de Mérida?, ¿ Sabe alguien, de que depende
que algún día se concluya la construcción de la autopista
Cumaná-Pto La Cruz?, ¿Sabe alguien, cual fue el costo final de la
autopista Guatire-Caucagua?, ¿Sabe alguien, cuales son las
localidades y cantidad de soluciones previstas en 2013, por la Gran
Misión Vivienda Venezuela, cual es el ente contratante, cual es la
empresa contratada, cual es el monto del contrato, que estado de
avance tienen, cuando se tiene previsto ser habitadas?.
Efectivamente, no tienen las comunidades conocimiento de los recursos
presupuestados. Es inexistente o insuficiente, la información
oficial, como tampoco se dispone de tal información en los sitios
web de las instituciones, involucradas, por lo que lamentablemente
sin información, el pueblo no puede gobernar. Urge por tanto, como
eje transversal de toda estrategia destinada a combatir la
corrupción, la suficiente y oportuna información y su difusión,
por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrar
recursos públicos, direccionados al bienestar del pueblo.
Concepto
que si hay que redefinir, es el de la “adscripción”, siendo
harto común su utilización cuando se pretende establecer la
relación de dependencia, entre una Empresa del Estado y un
determinado Ministerio, por citar solo un ejemplo. No hay que llegar
muy lejos, para convencerse que el término “adscripción”,
guarda relación con los términos subordinación, sujeción y
sometimiento. Ello, por una razón simple, la empresa adscrita, debe
rendir cuenta de la gestión que realiza, al órgano a quien debe
subordinación. La práctica de los últimos años, ha
descontextualizado el concepto, de tal modo que abundan los casos en
que el ministro de adscripción, la junta directiva de la empresa
adscrita y la presidencia de la empresa adscrita, están en manos de
la misma persona. Quizás ello, no sea corrupción, pero si es
ausencia de transparencia, germen básico y originario de la
corrupción. De pronóstico, resultan las situaciones, en que además
de tal ausencia de transparencia, se presenta la deficiencia (algunas
veces deliberada), que se señala a continuación.
No menos
importante, pero en la misma dirección, se hace necesario, no digo
intervenir, pero si revisar, la situación de “encargados
temporales”, de un número importante de Unidades de Auditoría
Interna o Control Interno, de órganos y entes públicos, en que lo
grave no es solo que ocupan tales posiciones, sin el cumplimiento de
los procedimientos de concursos de credenciales, que la Contraloría
General de la Republica, dispone al efecto, sino que tales
“encargados temporales”, fungen más como supervisados y “a la
orden del jefe”, que verdaderos organismos dotados con la
suficiente independencia, que le otorga la ley, para perseguir la
corrupción, habida cuenta que
que los actos por medio de los cuales se
ejerce la vigilancia de la gestión no pueden estar sometidos a la
aprobación, al control o a la revisión por parte de los entes sobre
los cuales se ejerce la vigilancia. Despáchate y date el vuelto,
dicen en mi pueblo, pero la excepción es encontrar un órgano/ente,
donde no funciona así el control interno, es decir, la regla es la
complacencia e indebido uso de la autoridad que la ley otorga a tales
funcionarios.
Me
atrevería a sugerir, que en todo organismo en que fuere detectado
cualquier tipo de corrupción, sea destituido también, aquel que
ocupa las funciones de Control interno, a menos que demuestre que
puso en conocimiento de las autoridades (dentro del órgano/ente y a
la CGR), de la existencia de las irregularidades detectadas.
Para
dejar el tema hasta aquí, solo resta esperar, que el Concejo de
Estado, ponga un poco de agua bendita, para que reviva la letra
muerta, al menos de los artículos 129 al 134 de la vigente Ley
Orgánica de la Administración Publica, destinados a poner en
práctica el mecanismo de los Compromisos de Gestión, “mediante
los cuales se establecen compromisos para la obtención de
determinados resultados en los respectivos ámbitos de competencia
(órganos y entes de la Administración Publica), así como las
condiciones para su cumplimiento, como contrapartida al monto de los
recursos presupuestarios asignados”. Que dudas cabe, que su
implementación (ninguna vacatio legis, fue prevista en este caso),
será uno de los elementos determinantes en la lucha contra la
corrupción, contra la ineficacia y la ineficiencia, y sobre todo
para validar cuánta razón tenía, nuestro camarada Escarrá, con la
expresión con la que se titula este escrito.
La
instauración del Estado de Derecho y de Justicia, tiene como
pre-requisito, la lucha sin descanso contra la corrupción y sobre
todo, la victoria sobre sus causas originantes y el oportuno castigo,
a quienes la cometen. De otro modo, la patria libre que nos ha dejado
el Comandante, se diluirá en nuestras manos, por haber dejado de ser
la probidad, un instrumento de lucha.
NO PODEMOS ESPERAR
QUE NUESTRA REVOLUCIÓN SEA PERFECTA, PARA CONVERTIRLA EN
IRREVERSIBLE.
alexis milano/
17Junio2013/amilanovera@
gmail.com
